ADF International

El Tribunal Supremo rechaza la apelación en la impugnación de la prohibición de orar

Resumen

  • Se mantiene la zona de censura alrededor del abortorio, se está considerando apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Expertos se muestran preocupados por las consecuencias para el derecho fundamental a la libertad de expresión

LONDRES (12 de marzo de 2020) – El Tribunal Supremo del Reino Unido ha anunciado que no atenderá el caso de Alina Dulgheriu, la madre que había impugnado una Orden de Protección de Espacios Públicos (PSPO) en torno a un centro abortista en el distrito londinense de Ealing. Aprobada en abril de 2018, la Orden criminaliza actividades como la oración silenciosa y el ofrecimiento de ayuda. La joven madre había recibido ayuda de un grupo ahora prohibido y argumentó que la Orden violaba los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión. Dulgheriu está considerando ahora sus opciones para impugnar esta decisión.

“La desproporcionada y vasta medida adoptada por el Ayuntamiento de Ealing supone una grave amenaza para la libertad de expresión y de reunión. Establece un precedente negativo y proscribe incluso la oferta de asistencia más compasiva. Al denegar el permiso para apelar, el Tribunal Supremo ha negado a Alina la oportunidad de argumentar su caso ante el más alto tribunal del país y no ha reconocido las violaciones de los derechos humanos causadas por la Orden. Las sociedades libres deben tener la libertad de discutir incluso las ideas que algunos consideran controvertidas en lugar de simplemente criminalizarlas. Las pruebas demuestran que cientos de mujeres como Alina han aceptado la ayuda ofrecida por grupos pacíficos provida fuera de estos centros abortistas”, señala Laurence Wilkinson, asesor jurídico de ADF International en Londres.

 

Amenaza a la libertad de expresión y de reunión 

La señora Dulgheriu, una madre de la zona, desafió la PSPO del Tribunal de Ealing ante el Tribunal Superior poco después de que entrara en vigor en 2018. Ella se sintió capaz de dar a luz a su hija después de recibir apoyo fuera de un abortorio. Aunque el Tribunal Superior consideró que la zona de censura afectaba a los derechos fundamentales, finalmente decidió que la PSPO estaba justificada y ordenó a la señora Dulgheriu que pagara las costas legales del Ayuntamiento de Ealing. El Tribunal de Apelación acordó entonces revisar la decisión del Tribunal Superior. En agosto de 2019, desestimó esa apelación y la señora Dulgheriu acudió al Tribunal Supremo. Ahora su petición ha ha sido rechazada.

En respuesta a la decisión, Alina Dulgheriu dijo: “Mi pequeña está aquí hoy por el apoyo que me ofrecieron fuera de un centro de Marie Stopes, y he presentado el recurso para asegurarme de que a otras mujeres no se les niegue esta opción vital”. Es impensable que ningún tribunal criminalice la ayuda a una mujer a mantener a su hijo.”

Las zonas de censura podrían ser llevadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Dulgheriu está considerando sus próximos pasos, incluida la posibilidad de llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El Tribunal Europeo es responsable de asegurar que los 47 países que han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos respeten sus términos. Cerca de 820 millones de personas están sujetas a sus sentencias.

Fotografías de Alina Dulgheriu y su hija (behereforme.org) y Laurence Wilkinson (ADF International)

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