Demanda interpuesta ante el Tribunal de África Oriental: las comunidades cristianas de la República Democrática del Congo no pueden ejercer su libertad de culto tras los ataques selectivos contra iglesias y organizaciones benéficas.
- Los defensores de la libertad religiosa exigen que cesen los ataques y que se conceda una indemnización económica para reconstruir las iglesias destruidas; ADF International presta apoyo jurídico al caso.
- Los continuos ataques en la región tienen como objetivo destruir los pilares religiosos cristianos fundamentales del grupo étnico Banyamulenge.
NAIROBI (14 DE MAYO DE 2026) – Las comunidades cristianas de la República Democrática del Congo (RDC) no han podido practicar libremente su fe tras una serie de ataques selectivos que han destruido iglesias y otros lugares de culto. En una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de África Oriental, defensores de los derechos humanos reclaman que la RDC reconozca los daños causados durante un ataque contra lugares de culto cristianos de la comunidad Banyamulenge en la ciudad de Uvira en enero de 2026, así como una indemnización para reconstruir los lugares de culto que han sido destruidos en estos ataques selectivos.
La violencia no solo ha provocado la pérdida de vidas y bienes, sino que también ha mermado su capacidad de reunirse para vivir su fe. La destrucción ha dejado a muchas personas sin espacios seguros para la reunión comunitaria, la oración o la vida religiosa en comunidad.
«Estas son las secuelas, a menudo pasadas por alto, de la violencia por motivos étnicos y religiosos. Más allá de la devastación inmediata, estos ataques dejan cicatrices duraderas en las comunidades. En este caso, estos cristianos de la comunidad Banyamulenge de la República Democrática del Congo ven ahora considerablemente limitada su capacidad para practicar su culto, reunirse y vivir su fe».
– Sean Nelson, asesor jurídico principal para la libertad religiosa global en ADF International
«Estas son las secuelas, a menudo pasadas por alto, de la violencia por motivos étnicos y religiosos. Más allá de la devastación inmediata, estos ataques dejan cicatrices duraderas en las comunidades. En el presente caso, los cristianos de la comunidad Banyamulenge de la República Democrática del Congo ven ahora considerablemente limitada su capacidad para practicar su culto, reunirse y vivir su fe».
El ataque principal tuvo lugar el 18 de enero de 2026, cuando el ejército de la República Democrática del Congo y las milicias aliadas reconquistaron la ciudad de Uvira a manos de los rebeldes del M23, que la habían ocupado durante meses. Sin embargo, algunos miembros de las fuerzas recién llegadas comenzaron a destruir deliberadamente cinco iglesias cristianas y otras organizaciones religiosas que pertenecían a la comunidad Banyamulenge y eran utilizadas por ésta. Los Banyamulenge son una etnia tutsi congoleña a la que militantes y radicales de la etnia hutu han acusado falsamente de simpatizar con fuerzas extranjeras. Además, destruyeron más de 70 viviendas de los Banyamulenge. Estos ataques se llevaron a cabo específicamente para destruir los pilares religiosos cristianos fundamentales de los Banyamulenge en Uvira, con el fin de borrar su identidad étnico-religiosa.
Los defensores de los derechos humanos instan ahora a las autoridades de la República Democrática del Congo a que adopten medidas inmediatas para detener nuevos ataques y garantizar la protección de las comunidades religiosas vulnerables. ADF International presta su apoyo a la demanda presentada ante el tribunal. La demanda se presentó ante el Tribunal de Justicia de África Oriental (EACJ) el 11 de marzo de 2026 en el subregistro de Nairobi. La documentación presentada ante el EACJ incluía declaraciones juradas de líderes y miembros de las comunidades eclesiásticas afectadas en Uvira.
«Es más que razonable que la República Democrática del Congo actúe con rapidez para evitar más violencia, asuma su responsabilidad y apoye la reconstrucción de las iglesias y los bienes religiosos destruidos», afirmó Innocent Nteziryayo, designado como abogado de las iglesias y de los representantes de la comunidad Banyamulenge ante el Tribunal de Justicia de África Oriental. «Las comunidades Banyamulenge deben poder reconstruir no solo sus hogares, sino también las iglesias y las organizaciones que sustentan su vida espiritual y comunitaria».
