El Tribunal Supremo de Nigeria vuelve a retrasar la decisión sobre el caso de un joven músico condenado a muerte por «blasfemia».
- El Tribunal Supremo aplaza la vista del caso de Yahaya Sharif-Aminu, un joven músico sufí que lleva más de seis años en prisión acusado de blasfemia.
- ADF International pide la puesta en libertad de Sharif-Aminu y la derogación de las leyes contra la blasfemia e insta al Tribunal y a los organismos internacionales a actuar sin mayor dilación.
ABUJA (25 DE JUNIO DE 2026) – Una vista muy esperada en el caso de Yahaya Sharif-Aminu, fijada hace meses para hoy, 25 de junio, ha sido suspendida de forma repentina por el Tribunal Supremo de Nigeria. Sharif-Aminu es un joven músico sufí nigeriano que se enfrenta a la pena de muerte por cargos de blasfemia relacionados con las letras de canciones que compuso y compartió en redes sociales. Su caso se encuentra nuevamente paralizado ante el Tribunal, sin que se haya señalado nueva fecha. Se esperaba que en la audiencia se fijara la fecha de la audiencia oral. En su caso, se impugna la constitucionalidad de las leyes del norte de Nigeria que castigan la blasfemia con la pena de muerte.
El aplazamiento sine die de esta semana es el último de una larga serie de obstáculos procesales que han mantenido a Sharif-Aminu entre rejas durante más de seis años sin que se haya resuelto su caso. La suspensión es especialmente preocupante, ya que el caso de Sharif-Aminu por fin había comenzado a avanzar en el Tribunal Supremo, tras la primera vista celebrada en septiembre de 2025. Tras aquella vista, todos los escritos de las partes fueron revisados y presentados de nuevo en noviembre de 2025.
ADF International insta al Tribunal Supremo de Nigeria a fijar una nueva fecha para la vista sin más demora y exhorta a los organismos internacionales a que sigan presionando a las autoridades nigerianas para que cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de libertad religiosa.
«Cada retraso en el caso de Yahaya supone un día más que debe pasar entre rejas, por el mero hecho de expresar pacíficamente su fe a través de las letras de una canción. Cada retraso supone un día más en el que una de las leyes contra la blasfemia más peligrosas del mundo sigue vigente y se sigue aplicando. Yahaya lleva más de seis años recluido en una celda. ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar? El tribunal no debería seguir retrasando la vista de su caso y la defensa de su derecho a la libertad religiosa».
– Sean Nelson, abogado de ADF International para la libertad religiosa global.
ADF International ha prestado asistencia jurídica en el caso de Sharif-Aminu desde 2022 y sigue abogando por su puesta en libertad y en oposición a las leyes draconianas contra la blasfemia del norte de Nigeria, que han legitimado la violencia y la persecución contra minorías musulmanas como Yahaya Sharif-Aminu, así como contra cristianos y otras minorías religiosas.
«Durante años, los organismos internacionales y los defensores de la libertad religiosa han pedido repetidamente la derogación de las leyes nigerianas sobre blasfemia que prevén la pena de muerte, así como la puesta en libertad de Yahaya. Reiteramos esos llamamientos con urgencia, reafirmando que nadie debería permanecer en prisión ni enfrentarse a una pena de muerte por su fe. Si Nigeria desea ser vista a los ojos del mundo como un país que protege verdaderamente la libertad religiosa y la libertad de expresión, debe abolir estas leyes contra la blasfemia», añadió Nelson.
Antecedentes
En marzo de 2020, Yahaya Sharif-Aminu, un joven músico musulmán sufí del estado de Kano, en el norte de Nigeria, compartió por WhatsApp la letra de una canción compuesta por él mismo que algunos consideraron blasfema. Las autoridades locales lo detuvieron y una horda violenta incendió la vivienda de su familia. Fue declarado culpable de blasfemia por un tribunal de la sharía, sin contar con la debida representación legal, y el 10 de agosto de 2020 fue condenado a muerte en la horca.
En enero de 2021, el Tribunal Superior del estado de Kano anuló su condena, alegando graves vicios de procedimiento, entre ellos la ausencia de asistencia letrada en su juicio inicial. Sin embargo, el tribunal ordenó un nuevo juicio en virtud de la misma ley de blasfemia que prevé la pena de muerte. Después de que un Tribunal de Apelación confirmara la orden de nuevo juicio en 2022, Sharif-Aminu recurrió ante el Tribunal Supremo de Nigeria. Ha permanecido en prisión —sin fianza— durante todo este tiempo, más de seis años.
La vista del 25 de junio de 2026, ahora suspendida, se había programado originalmente para febrero de 2026, tras la presentación de los escritos revisados de las partes. La vista se canceló apenas unos días antes del 25 de junio, con la excusa de que una supuesta nueva directiva obligaba al tribunal a tramitar primero los casos presentados con anterioridad. Sin embargo, el caso de Sharif-Aminu ya se encontraba en tramitación, con los escritos revisados ya presentados; se supone que los casos de pena capital deben tener prioridad, y no se dio ninguna fecha ni plazo.
Leyes contra la blasfemia en Nigeria
Las leyes contra la blasfemia de Nigeria, que se aplican especialmente en la región norte del país, imponen castigos severos, incluida la pena de muerte. Organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos oficiales han pedido en repetidas ocasiones su derogación. El caso de Yahaya ante el Tribunal Supremo pone de relieve la urgente necesidad de una reforma para proteger la libertad de religión y de creencias.
El recurso de Sharif-Aminu ante el Tribunal Supremo podría anular las leyes draconianas contra la blasfemia del norte de Nigeria, basadas en la sharía, lo que permitiría a los cristianos conversos, a las minorías musulmanas y a otras personas tener más oportunidades de hablar libre y abiertamente sobre su fe y estar protegidos de la violencia —que a menudo pone en peligro la vida— que deriva de una acusación de blasfemia.
Nigeria es uno de los siete países del mundo que cuentan con una ley de blasfemia que prevé la pena de muerte, y un precedente favorable podría ayudar a proteger a las minorías religiosas tanto en el país como fuera de él.
A la salida de la primera vista celebrada en el Tribunal Supremo en septiembre de 2025, el Fiscal del Estado de Kano dejó claras las intenciones del estado: «Este acusado ha realizado declaraciones blasfemas contra el Santo Profeta, algo que el Gobierno del estado de Kano no va a tolerar. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del tribunal inferior, lo ejecutaremos públicamente». Esta escalofriante declaración pone de relieve la extrema severidad de las leyes contra la blasfemia del norte de Nigeria, que siguen amenazando la vida de las minorías religiosas y silenciando la libertad de expresión.
«Las leyes contra la blasfemia han seguido persiguiendo y perjudicando a musulmanes pertenecientes a minorías como Yahaya Sharif-Aminu, así como a cristianos y otras minorías religiosas en Nigeria. Es sumamente decepcionante que el caso de Yahaya, que tiene el potencial de establecer nuevas protecciones para la libertad religiosa, se haya retrasado una vez más», afirmó Kola Alapinni, abogado nigeriano especializado en derechos humanos internacionales y abogado principal de Yahaya Sharif-Aminu. «Ahora seguiremos abogando por la derogación de la ley de blasfemia que prevé la pena de muerte, que se haga justicia a Yahaya y su puesta en libertad, y para que el tribunal vuelva a fijar sin demora la fecha de la vista. Yahaya Sharif-Aminu ya ha esperado lo suficiente para que se haga justicia».
El caso de Sharif-Aminu ha suscitado un gran interés internacional. El Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones de urgencia en las que se exige su liberación inmediata e incondicional, un hecho poco habitual que pone de relieve la gravedad de la situación. En diciembre de 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió un dictamen en el que concluía que las autoridades nigerianas habían violado múltiples derechos humanos protegidos internacionalmente en el caso de Sharif-Aminu y exigió su liberación inmediata y una indemnización. En abril de 2025, el Tribunal del Tratado de la CEDEAO de África Occidental se basó en el caso de Yahaya Sharif-Aminu para dictaminar que las leyes de blasfemia de Nigeria debían ser derogadas. Más recientemente, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, Nazila Ghanea, en una declaración realizada tras su visita a Nigeria en junio de 2026 señaló que la ley contra la blasfemia del estado de Kano «se aparta […] de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución».