Desafiando los “delitos de pensamiento”: detienen a una mujer por rezar en silencio
ÚLTIMA HORA: el 17 de diciembre de 2025, Isabel Vaughan-Spruce fue arrestada nuevamente por permanecer de pie, rezando en silencio y sosteniendo un cartel con mensajes provida dentro de una “zona de exclusión” alrededor de una clínica en la que se practican abortos en Birmingham.
Isabel trabaja para una organización benéfica, ha sido detenida dos veces y acusada de cuatro cargos por un “delito de pensamiento” relacionado con la oración silenciosa en las inmediaciones de un centro abortista.
En un vídeo que se hizo viral en diciembre de 2022, se ve a Isabel siendo cacheada y detenida por tres agentes de policía después de admitir que “quizás” estaba rezando en su mente.
La zona que rodea el centro donde ella rezaba está sujeta a una Orden de Protección de Espacios Públicos (PSPO, por sus siglas en inglés), vigente desde noviembre de 2022, que prohíbe la oración, la distribución de información sobre servicios de apoyo a embarazadas y otras actividades consideradas “protesta”.
Isabel, con el respaldo de ADF UK (Alliance Defending Freedom UK), fue declarada inocente de los cuatro cargos. Pese a ello, fue detenida por segunda vez, aunque la policía acabó archivando el caso.
Con el apoyo de ADF UK, Isabel demandó a la policía de West Midlands por dos detenciones y encarcelamientos ilegales; por agresión y lesiones derivadas de un cacheo intrusivo; y por la vulneración de sus derechos humanos, tanto en relación con las detenciones como con las gravosas condiciones de libertad bajo fianza que se le impusieron. En agosto de 2024 recibió una indemnización de 13.000 libras esterlinas de la policía de West Midlands, en reconocimiento del trato injusto y la violación de sus derechos.
Sin embargo, en febrero de 2025 un agente de la policía de West Midlands exigió a Isabel que abandonara un lugar público debido a sus creencias, pese a que ella simplemente estaba de pie, sola, rezando en silencio, sin realizar acción alguna. Un vídeo muestra al agente explicando que, a su juicio, la mera presencia de Isabel podía constituir acoso, alarma y angustia, dado que se sabía que profesaba creencias provida y pertenecía a una organización provida. Por ello, concluyó que estaba infringiendo las normas de la zona de exclusión —un área de menos de 150 metros alrededor de un centro abortista—. Con el apoyo de ADF UK, Isabel escribió a la policía solicitando que se aclarara que la mera presencia de una persona no constituye delito.
En agosto de 2025, la policía de West Midlands confirmó la existencia de una nueva investigación en curso contra Isabel: la tercera vez que la policía respondía a sus oraciones silenciosas.
“No hay lugar para la ‘policía del pensamiento’ orwelliana en la Gran Bretaña del siglo XXI. Después de haber sido detenida, juzgada y arrastrada por el sistema judicial durante meses por mi oración silenciosa —solo para ser declarada inocente y recibir una indemnización por mi detención ilegal—, resulta profundamente preocupante ver cómo se aprueba una legislación redactada de forma ambigua que podría castigar a personas como yo, que simplemente estamos ahí para ayudar, hablar en paz o rezar.”
— Isabel Vaughan-Spruce
Resumen del caso
En noviembre de 2022, la policía abordó a Isabel Vaughan-Spruce cerca de la Robert Clinic de BPAS (British Pregnancy Advisory Service), en Kings Norton, Birmingham. Isabel no estaba protestando: no llevaba pancartas ni interactuaba con nadie. Permaneció en completo silencio hasta que los agentes se le acercaron, tras haber recibido quejas de que posiblemente estuviera rezando en silencio.
Isabel, que lleva más de veinte años apoyando a mujeres en situación de embarazo en crisis, fue acusada de “protestar y participar en un acto intimidatorio hacia las usuarias del servicio”, pese a que la clínica estaba cerrada mientras ella se encontraba allí rezando, y pese a que había declarado con claridad que no estaba protestando.
Acusada de “delito de pensamiento” por el contenido de una oración silenciosa
Aunque el acoso ya es ilegal, la zona de censura introducida por las autoridades de Birmingham criminaliza a quienes se percibe que “participan, o intentan participar, en cualquier acto de aprobación o desaprobación” en relación con el aborto, incluso mediante “medios verbales o escritos, oraciones o asesoramiento…”. La presencia física de Isabel dentro de la zona regulada por la PSPO no constituía delito en sí misma; lo prohibido era el contenido de sus pensamientos privados. Si Isabel hubiera permanecido en el mismo lugar pensando en otra cosa, no la habrían detenido.
Isabel dirige la Marcha por la Vida del Reino Unido y ha sido voluntaria durante años en apoyo de mujeres con embarazos imprevistos. Ha servido incansablemente a su comunidad prestando ayuda benéfica a mujeres y niños vulnerables, y aun así se la trata como a una delincuente violenta por sus pensamientos privados.
La fiscalía, sin embargo, no pudo presentar ante el tribunal ninguna prueba que sustentara el “delito de pensamiento”, por lo que el Juzgado de lo Penal de Birmingham (Magistrates’ Court) la absolvió de todos los cargos en febrero de 2023.
Absuelta y detenida de nuevo
Apenas tres semanas después, en marzo de 2023, Isabel fue detenida de nuevo por rezar en silencio. Seis agentes de policía estuvieron presentes en el arresto, a pesar del veredicto de “no culpable”, y uno de ellos le confirmó: “Usted ha dicho que estaba rezando; eso es el delito”.
Fue puesta en libertad bajo fianza y se le impuso una medida cautelar de alejamiento del centro abortista que incluso excedía el perímetro de la “zona de exclusión”. Con el apoyo de ADF UK, Isabel impugnó estas prohibiciones —innecesarias y desproporcionadas—, que la policía terminó modificando.
En agosto de 2024, tras demandar a la policía de West Midlands, Isabel recibió una indemnización de 13.000 libras esterlinas en reconocimiento del trato injusto sufrido y la violación de sus derechos humanos.
Nueva investigación pese a su absolución previa
Isabel ha seguido rezando semanalmente cerca del centro abortista. La policía de West Midlands ha comenzado a destinar a dos agentes para vigilarla mientras reza en silencio y en varias ocasiones se le han acercado para preguntarle si está rezando.
Isabel presentó una denuncia formal por el acoso policial y los interrogatorios repetidos sin que se le explicara qué ley había infringido. En la denuncia señalaba que este trato contradecía el veredicto previamente emitido por los tribunales y las directrices de la Fiscalía (Crown Prosecution Service, CPS) sobre el asunto.
Su denuncia fue desestimada alegando que existía una investigación en curso en su contra, pese a que nunca se le había notificado formalmente.
En agosto de 2025, la policía de West Midlands confirmó que estaba a la espera de instrucciones de la Fiscalía sobre los próximos pasos respecto a la imputación de Isabel. La Fiscalía ya había determinado con anterioridad que los actos de oración silenciosa no cumplían los requisitos probatorios ni de interés público necesarios para justificar un proceso penal. Este criterio pareció formalizarse con las nuevas directrices, que establecen que la conducta que no sea “manifiesta” queda fuera del ámbito de la criminalidad (ENLACE). Se cree que este es el primer caso que pone a prueba las directrices de la Fiscalía bajo la controvertida legislación nacional sobre “zonas de exclusión”.
Se imponen “zonas de exclusión” pese a la amenaza a la libertad de expresión
El caso de Isabel ilustra los peligros de las “zonas de exclusión”. Lamentablemente, las autoridades del Reino Unido vienen aplicando estas “zonas de exclusión” alrededor de todos los centros abortistas de Inglaterra y Gales desde el 31 de octubre de 2024. Según la legislación británica (la Public Order Act), “influir” en la decisión de alguien de “acceder” a servicios de aborto constituye actualmente un delito dentro de un radio de 150 metros de cualquier centro de aborto.
ADF UK continúa trabajando para derogar esta peligrosa ley.
“Todos nos oponemos al acoso y la intimidación. Pero la Public Order Act va mucho más allá al prohibir la ‘influencia’. ¿Podría aplicarse esto al consejo de un padre?, ¿a la palabra de preocupación de un amigo?, ¿a la información que ofrece una voluntaria a mujeres con embarazos imprevistos? La ley está redactada de forma tan ambigua que conversaciones pacíficas y consentidas —o incluso pensamientos silenciosos— podrían llegar a ser ilegales en ciertas calles de Inglaterra. Ya hemos visto procesadas a personas como Isabel Vaughan-Spruce o Adam Smith-Connor, que simplemente se pararon a rezar en silencio durante unos minutos, en virtud de estas normas censores y de desproporcionadas que establecen las llamadas ‘zonas de exclusión’. Desproteger el pensamiento y la libertad de expresión pacífica en un solo lugar amenaza estos derechos en todas partes. Con o sin zonas de exclusión, debemos salvaguardar sin concesiones los derechos sobre los que se asienta nuestra democracia”, afirma Jeremiah Igunnubole, abogado de ADF UK.