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Opinión: El Salvador se encuentra en una coyuntura crítica en materia de derechos humanos

  • La audiencia pública del caso se llevó a cabo entre el 22 y 23 de marzo en la sede de la Corte Interamericana en San José, Costa Rica.
  • Un caso pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos amenaza con desmantelar las protecciones provida en su país de origen, El Salvador, y en América Latina en general.

Este artículo apareció originalmente en inglés en Newsweek

Beatriz García solía depositar flores en la tumba de su hija, quien falleció por complicaciones derivadas de la anencefalia, una grave afección en la que un bebé nace sin partes del cerebro y cráneo. Leilani murió en brazos de su madre cinco horas después de nacer.

Esta joven madre, ya fallecida, ha sido catapultada al primer plano del debate sobre el aborto en América Latina. Un caso pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos amenaza con desmantelar las protecciones provida en su país de origen, El Salvador, y en América Latina en general.

Beatriz padecía lupus y cuando quedó embarazada de su segunda hija la instaron a abortar. Vivía en condiciones de extrema pobreza. En aquel momento, los activistas proaborto se apoderaron de su caso, que fue llevado ante el Tribunal Supremo de El Salvador.

Dado que el país protege la vida desde el momento de la concepción, el tribunal dictaminó que los médicos debían tomar todas las medidas posibles para proteger tanto la vida de la madre como la de la bebé.

Beatriz dio a luz a las 26 semanas, por cesárea, después de que sus médicos decidieran que era lo mejor tanto para la madre como para la niña. Afortunadamente, su diagnóstico de lupus estaba controlado y no corría ningún riesgo, como reconoció la propia Corte Interamericana en el 2013.

Si Beatriz hubiera estado en riesgo, las medidas para salvar su vida, aunque supusieran un riesgo involuntario para Leilani, habrían estado permitidas.

Cuatro años después, a la edad de 26, Beatriz murió trágicamente en un accidente de motocicleta. Su legado como madre de Leilani, la bebé que acunó en sus brazos, ha sido brutalmente distorsionado para promover un falso derecho al aborto. Los informes de los medios de comunicación que cubren el tan esperado caso no conocen la vergüenza, insinuando que Beatriz murió de su enfermedad como una extensión de su embarazo «forzado», y no de un accidente no relacionado.

La audiencia pública del caso se llevó a cabo entre el 22 y 23 de marzo en la sede de la Corte Interamericana en San José, Costa Rica. La sentencia en este caso podría anular las protecciones de la vida humana que El Salvador, como Estado soberano, ha consagrado constitucionalmente, y producir un efecto dominó en toda la región.

La Comisión Interamericana ha instado a El Salvador a «adoptar todas las medidas necesarias… para garantizar que el acceso a la interrupción del embarazo… sea efectivo en la práctica y que no existan obstáculos prácticos o jurídicos que impidan su aplicación».

Lo que es más atroz, la CIDH ha hecho claras proclamas contra el derecho fundamental de conciencia inherente a toda persona, al afirmar que cualquier responsable de servicios sanitarios debe derivar a los servicios de aborto que no esté dispuesto a prestar.

Esto va en contra de lo que significa proteger realmente la objeción de conciencia, una violación flagrante de los derechos humanos básicos que parece propia de una dictadura, no de las democracias que se supone que la Comisión debe fomentar.

El Salvador no es el único país que protege la vida de los no nacidos. La mayoría de los países del mundo protegen al no nacido con fuertes restricciones al acceso al aborto. Y El Salvador tiene todas las prerrogativas legales para prohibir el aborto.

A pesar de lo que podría deducirse de la frenética retórica a favor del aborto, no existe un «derecho» internacional a este. El derecho internacional de los derechos humanos se basa en un profundo respeto por toda vida humana, nacida y no nacida.

El Salvador, como Estado soberano, tiene plena autoridad para proteger la vida por nacer. De hecho, se puede argumentar claramente que no se trata sólo de un derecho, sino de un deber conforme al pleno respeto del derecho humano a la vida. Los que estamos convencidos de la humanidad de los no nacidos sólo podemos esperar que algún día todos los países se tomen en serio este deber.

Esta es una coyuntura crucial en materia de derechos humanos para El Salvador y para toda América Latina. Lamentablemente, Beatriz no está con nosotros para hablar del verdadero legado de su maternidad. Debemos rechazar firmemente los intentos de manipular su historia para promover agendas ideológicas.

Es imperativo que los derechos soberanos de El Salvador, y de todos los países, sean apoyados para avanzar no sólo en el derecho a la vida, sino también en el mejor apoyo posible para las madres y las familias. Toda vida humana es preciosa, y rezamos para que la Corte reconozca esta realidad inmutable.

Tomás Henríquez es director de advocacy para América Latina y el Caribe de ADF International, que presenta un amicus curiae en el caso Beatriz y otros contra El Salvador.

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