WASHINGTON, DC (11 Julio 2024) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido medidas provisionales a los 11 pastores y líderes religiosos de Puerta de la Montaña, la rama nicaragüense de un ministerio con sede en EE. UU., que actualmente están encarcelados en Nicaragua por condenas falsas de lavado de dinero. Los 11 llevan más de seis meses encarcelados y se les ha prohibido contactarse con sus abogados o familiares tras haber sido condenados a penas de prisión de entre 12 y 15 años y a pagar multas de más de 80 millones de dólares por persona.     

Mediante la concesión de medidas provisionales, la Corte ha ordenado al gobierno de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata de los 11 líderes religiosos y adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, la libertad personal y la salud mientras permanezcan encarcelados. Las medidas también exigen que el gobierno garantice el contacto inmediato entre los 11 líderes encarcelados y sus familiares y asesores legales.  

«Estamos muy satisfechos con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su intervención en este caso»,declaró Kristina Hjelkrem, asesora jurídica de ADF International.   

 «Varios líderes internacionales de derechos humanos han pedido la liberación y protección de estos pastores y líderes religiosos que han sido injustamente encarcelados, y ya es hora de que las autoridades nicaragüenses los liberen. Seguiremos orando por el bienestar de estos líderes cristianos y su inminente liberación, e imploramos a todos los que puedan seguir hablando en su nombre.»  

ADF International está apoyando la defensa legal de los 11 encarcelados. Esta decisión de la Corte sigue a las medidas cautelares que fueron dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios de este año a raíz de una petición presentada por ADF International en nombre de los 11 líderes religiosos encarcelados injustamente.  

Condenas falsas

Puerta de la Montaña es la rama nicaragüense de un ministerio con sede en Estados Unidos cuyo propósito  es reclutar, entrenar, comisionar y enviar ministros cristianos ordenados para difundir el Evangelio. Operando legalmente dentro del país, Puerta de la Montaña sirvió a los ciudadanos de Nicaragua a través del discipulado, la plantación de iglesias, la alimentación y la ropa a los necesitados, ayudando durante los desastres naturales, y compartiendo el evangelio de Jesucristo a miles de nicaragüenses a través de sus campañas evangélicas masivas.  

En diciembre de 2023, la policía nicaragüense emitió un comunicado de prensa anunciando una investigación por lavado de dinero contra los 11 líderes religiosos, además de tres ciudadanos estadounidenses. La policía argumentaba que supuestamente utilizaban la organización Puerta de la Montaña como pantalla para llevar a cabo el lavado del dinero. El comunicado de prensa también anunciaba que la policía había detenido a 11 religiosos de Puerta de la Montaña, incluidos sus pastores, otros líderes del ministerio y a su representante legal, e investigaría a los ciudadanos estadounidenses implicados en la organización. Ese mismo mes, sin notificación alguna, se revocó arbitrariamente el registro de Puerta de la Montaña como ministerio en Nicaragua, y el gobierno confiscó todos los bienes y activos del ministerio. 

El ministerio negó públicamente estas acusaciones, afirmando que seguían todos los requisitos legales de Estados Unidos y Nicaragua que se aplican a las organizaciones confesionales sin ánimo de lucro.    

Durante el simulacro de juicio que siguió a la detención, el gobierno no pudo presentar ninguna prueba de la supuesta actividad ilícita ni de los presuntos fondos ilícitos. Todos los acusados mantuvieron su inocencia, pero permanecieron en prisión.    

Los líderes religiosos de Puerta de la Montaña llevan más de seis meses encarcelados, teniendo prohibido  el contacto con sus abogados y familiares. El gobierno ha permitido la designación de abogados, pero no ha facilitado a sus letrados ningún documento o expediente de acusación para preparar adecuadamente la defensa de los detenidos.     

El 19 de marzo de 2024 se dictó sentencia condenatoria, por la que se condenaba a las 11 personas a 12 o 15 años de prisión y al pago de más de 80 millones de dólares de multa por persona.      

Miembros del Senado de Estados Unidos, entre ellos los senadores Rick Scott (republicano de Florida), Ted Cruz (republicano de Texas), Katie Britt (republicana de Alabama) y Tommy Tuberville (republicano de Alabama), están abogando en favor de las personas encarceladas, y recientemente han pedido a la Administración Biden que aplique sanciones enérgicas y selectivas tras las repetidas y crecientes violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua.    

Además, el congresista Robert Aderholt (R-AL), encabezó una carta bipartidista y bicameral dirigida al embajador de Nicaragua en la que expresaba su preocupación por las violaciones de la libertad religiosa y pedía la liberación de los pastores. La carta fue firmada por 58 miembros del Congreso. En respuesta a la situación, el congresista Aderholt dijo que fue la persecución religiosa la que los detuvo, y son las flagrantes violaciones de los derechos humanos las que los han mantenido detenidos y que estos pastores deben ser liberados inmediatamente.   

En abril de 2024, en respuesta a una petición de ADF International, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Nicaragua que revisara el encarcelamiento de los líderes de Puerta de la Montaña y garantizara la protección de sus derechos humanos.  

La persecución religiosa prevalece en Nicaragua    

ADF International también está apoyando la defensa legal del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por predicar sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno nicaragüense. El obispo Álvarez, expulsado de Nicaragua por sus convicciones religiosas, se encuentra ahora en el exilio. Su caso continúa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de lograr justicia para el obispo y sentar un precedente positivo para otras personas que se enfrentan a juicios similares en Nicaragua.