La Corte Interamericana de Derechos Humanos concede medidas provisionales a los 11 pastores y líderes religiosos de Puerta de la Montaña, pidiendo su liberación inmediata y que se garantice el contacto entre ellos y sus abogados y familiares.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos concede medidas provisionales a los 11 pastores y líderes religiosos de Puerta de la Montaña, pidiendo su liberación inmediata y que se garantice el contacto entre ellos y sus abogados y familiares.
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WASHINGTON, DC (11 de junio 2024) – ADF International ha presentado un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la Conferencia Episcopal Católica Boliviana contra el Estado boliviano por el cierre forzoso de su colegio de maestros.
El establecimiento, denominado Instituto Normal Superior Católico Sedes Sapientiae (INSCSS), fue cerrado a la fuerza por el Estado en 2010 para monopolizar la formación de maestros. En ese momento, la recién aprobada Ley de Educación ordenó el cierre de las dos escuelas de formación de docentes existentes, gestionadas por las iglesias católica y adventista, además de prohibir la creación de cualquier futura institución privada que ofreciera títulos para educadores.
“Tanto la Constitución boliviana como el derecho internacional protegen el derecho a la libertad educativa y religiosa, incluido el derecho a crear y gestionar instituciones educativas. Las autoridades bolivianas han violado flagrantemente ambos derechos al cerrar por la fuerza la Escuela Normal Católica”, afirmó Tomás Henríquez, Director de Área para América Latina de ADF International, uno de los principales asesores jurídicos de la Conferencia Episcopal.
“Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupe de este caso y exija responsabilidades al Estado boliviano por estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. No se puede permitir que se produzcan violaciones tan groseras de las libertades fundamentales.”
ADF International presentó la petición ante la CIDH en nombre de la Conferencia Episcopal después de que el Tribunal Constitucional se negara a admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado en nombre de los obispos católicos por el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, organización aliada de ADF International en el país.
Al nacionalizar la formación docente en Bolivia y decretar el cierre del INSCSS, el Estado boliviano viola el derecho internacional de los derechos humanos, incorporado a su legislación por mandato constitucional.
El artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) protege la “libertad de los individuos y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que la educación dada en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”. La legislación boliviana vulnera el derecho de los derechos humanos al establecer una prohibición general a la libertad de las organizaciones e iglesias para establecer y dirigir escuelas normales, y al no establecer los requisitos mínimos que les permitirían hacerlo.
El INSCSS fue creado el 23 de febrero de 1956 a solicitud del Arzobispo de La Paz, Monseñor Abel Antezana. La finalidad del colegio era (i) formar maestros para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; (ii) certificar a sus egresados como maestros; y (iii) tramitar el registro de sus egresados de acuerdo a las normas nacionales bolivianas de enseñanza.
El INSCSS ha formado a más de 12.750 profesores y ha producido 125 textos educativos, 14 de ellos escritos en diferentes lenguas indígenas para satisfacer las necesidades de los bolivianos. Además, el INSCSS ha recibido varias distinciones de diferentes alcaldes y gobernadores por sus contribuciones a la cultura, la educación y el desarrollo de Bolivia. Algunas distinciones notables incluyen la más alta distinción del Estado boliviano, la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, así como condecoraciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por su destacada labor en la formación de docentes.
En 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley N° 070 de Educación, también conocida como “Ley Avelino Siñani”, que nacionalizó la formación de docentes. La ley usurpó la libertad de las instituciones para formar maestros, otorgando al Estado competencia exclusiva en la materia. Al mismo tiempo, ordenó el cierre de los institutos privados de formación docente. Posteriormente, se cerró el INSCSS.
Tras el cierre forzoso, la Conferencia Episcopal presentó una petición de reapertura del establecimiento ante el Ministerio de Educación boliviano, junto con un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación, los cuales fueron rechazados. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá pronunciarse en los próximos meses sobre la admisibilidad del caso y notificar al Estado para que responda a las demandas presentadas en su contra.
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MÉXICO (14 Mayo 2024) El Tribunal Colegiado Federal de Apelaciones del Vigésimo Segundo Circuito en México ha confirmado los derechos constitucionales de autonomía de la Diócesis Católica de Querétaro en México. Con el apoyo legal de ADF International, la Diócesis de Querétaro se defendió con éxito de una demanda del Instituto Nacional de Protección de Datos de México para alterar los registros de la iglesia de acuerdo con la auto-identificación de una persona transgénero.
El denunciante, que se identifica como mujer transgénero, presentó por primera vez una denuncia contra la diócesis católica de Querétaro en 2021, tras exigir a la iglesia que cambiara el nombre y el sexo masculino en el registro de bautismo, a lo que la iglesia se negó en atención a su posición sobre la inmutabilidad del carácter masculino o femenino de las personas. La parte reclamante sostuvo que, en virtud de la ley mexicana de protección de datos, la iglesia tenía la obligación de someterse a su exigencia, independientemente del hecho biológico y la exactitud histórica que ella pretendiera para sus registro bautismal.
El tribunal falló a favor de la diócesis, sosteniendo que la Iglesia católica tiene un derecho constitucionalmente protegido a gestionar sus asuntos internos sin injerencias del gobierno.
“Estamos muy contentos de que el tribunal de México haya defendido los derechos de autonomía constitucionalmente protegidos de la Iglesia Católica con esta sentencia a favor de la Diócesis de Querétaro”, dijo Tomás Henríquez, Director de Área para América Latina y el Caribe de ADF International.
“Tanto la Constitución mexicana como el derecho internacional son claros: las iglesias tienen derecho a gestionar sus asuntos de acuerdo con las convicciones de su fe. Este es un prerrequisito para la libertad religiosa. A medida que la batalla contra la ideología de género continúa, este caso sienta un precedente importante para las iglesias y organizaciones religiosas en México, y es nuestra esperanza que México tome medidas reales para mejorar su posición en materia de libertad religiosa. Además, esta sentencia protege el derecho básico de la iglesia a salvaguardar la exactitud de sus registros históricos, fundamentales para administrar sus sacramentos.”
La defensa legal de la Diócesis Católica de Querétaro fue apoyada por ADF International, y la Diócesis fue representada a nivel nacional por la Unión por las Libertades Fundamentales, entidad con sede en la Ciudad de México y parte de la red aliada de ADF International.
Inicialmente, el Instituto Nacional de Protección de Datos de México, la agencia federal encargada de adjudicar las reclamaciones de violaciones de protección de datos, decidió por unanimidad a favor del demandante y emitió una orden para que la Diócesis cumpliera.
La diócesis impugnó la decisión con el apoyo de ADF International. La decisión del Instituto fue anulada por el tribunal federal de distrito, y posteriormente por el Instituto.
En abril de este año, y después de que el Tribunal Supremo declinara pronunciarse directamente sobre la cuestión, el tribunal federal de apelación mexicano estuvo de acuerdo con el argumento fundamental de la diócesis de que las iglesias y las organizaciones religiosas tienen un derecho constitucional, concedido en virtud de los artículos 24 y 130 de la Constitución mexicana, a gestionar sus asuntos internos de acuerdo con su doctrina, creencias y normas, manteniendo la prohibición de injerencias ilegales por parte del gobierno.
El tribunal de apelación sostuvo además que la ley federal de protección de datos personales era inconstitucional en la forma en que se aplicaba porque el Congreso no había considerado adecuadamente el derecho de autonomía de las iglesias en virtud de la ley mexicana de separación de la Iglesia y el Estado, y por tanto no había incluido una exención para el mantenimiento de registros de asuntos eclesiásticos.
La decisión del tribunal de apelación en este caso sienta un precedente importante para la defensa de la libertad religiosa y los derechos de autonomía de las iglesias y organizaciones religiosas en México.
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WASHINGTON, DC (23 de abril de 2024) En una victoria para los derechos civiles y políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ha confirmado el derecho del actual diputado federal mexicano y excandidato presidencial, Gabriel Quadri, a presentarse como candidato en las próximas elecciones de junio en México.
El diputado Quadri, del Partido Acción Nacional, corría el riesgo de que se le negara su derecho político a presentarse a la reelección tras una impugnación presentada por el partido MORENA. Mediante esa impugnación, MORENA pretendía que se impidiese al diputado Quadri ser inscrito como candidato tras la censura y responsabilidad por “violencia política de género” previamente dictaminada por el tribunal electoral luego de sus expresiones pacíficas en las redes sociales a favor de las mujeres.
En abril de 2022, el Tribunal Electoral mexicano declaró que el diputado Quadri era responsable de múltiples formas de violencia, incluida la denominada “violencia digital”, a raíz de una serie de once publicaciones en Twitter/X. Sus mensajes expresaban preocupación por el hecho de que los escaños del Congreso reservados a mujeres fueran ocupados por hombres que se identifican como mujeres. Además, hacía declaraciones sobre la realidad biológica y la equidad en el deporte femenino. Los comentarios del diputado Quadri fueron objeto de una queja de Salma Luevano, congresista federal que es un hombre que se identifica como mujer. Posteriormente, el diputado Quadri fue objeto de censura y medidas punitivas, incluido su registro como “infractor político por razones de género”.
La semana pasada, el Tribunal Electoral resolvió la impugnación planteada por MORENA indicando que “la supuesta inelegibilidad del candidato carece de sustento”, lo que garantiza la posibilidad de Quadri de presentarse a la reelección. MORENA no recurrió la sentencia.
El diputado Quadri comentó respecto a la victoria en el Tribunal Electoral: “Estoy agradecido de que la Corte Electoral haya afirmado mi derecho a presentarme a la reelección, de acuerdo con los principios de los derechos humanos básicos. Por compartir mis convicciones y hablar en favor de los derechos de las mujeres, que tanto ha costado conseguir, he sido perseguido y censurado. Me comprometo a defender el derecho de todo mexicano a hablar libremente y sin miedo, y espero continuar mi carrera de servicio a los ciudadanos de México.”
Aunque el diputado Quadri puede ahora presentarse a la reelección, la decisión que determinó su censura sigue en pie. El Sr. Quadri ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la asistencia de ADF International, pidiendo que se condene al Estado mexicano por violar la libertad de expresión. Su caso sigue pendiente.
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La posibilidad de reelección del sr. Quadri estaba en peligro debido a una impugnación del partido MORENA ante el Tribunal Electoral, en la que se pedía su exclusión de las elecciones. La impugnación pedía al Tribunal que declarara inelegible para un cargo público a toda persona registrada como “violador político por razones de género”. Si el Tribunal hubiese fallado a favor de la impugnación de MORENA, el Sr. Quadri no hubiese podido presentarse a la reelección para su escaño de diputado, todo ello únicamente debido a sus publicaciones en las redes sociales.
“Estamos encantados de que el Tribunal Electoral mexicano haya confirmado el derecho del diputado Quadri a presentarse a las elecciones”, declaró Julio Pohl, abogado principal de ADF International en el caso. “El derecho internacional protege el derecho de todo ciudadano a ser elegido y acceder a la función pública. Los derechos políticos son fundamentales para la protección de todos los derechos humanos y no deben restringirse por expresar pacíficamente las propias convicciones. Agradecemos que el diputado Quadri pueda presentarse a la reelección y continuar su carrera de servicio como funcionario electo”.
México tiene en vigor una ley que exige la representación paritaria de hombres y mujeres en el Congreso. Las publicaciones del diputado Quadri en Twitter/X señalaban que es injusto que los hombres se aprovechen de la ley para acceder a puestos públicos específicamente destinados para las mujeres.
El 8 de febrero de 2022, el sr. Quadri publicó en Twitter/X: “Deberíamos legislar para evitar que los hombres que se hacen pasar por mujeres compitan injustamente contra las mujeres en el deporte organizado, y que no usurpen los puestos políticos electorales que pertenecen a las mujeres…”
El 16 de febrero de 2022, publicó: “Que quede claro. En la Cámara de Diputados de la 65 Legislatura no hay paridad entre hombres y mujeres. Hay 252 hombres y 248 mujeres, gracias a la ideología trans y/o ideología de género. Los hombres entran por la puerta de atrás para (una vez más) desplazar a las mujeres…”
Salma Luévano, congresista de MORENA, un hombre que se identifica como mujer, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral que resultó en la censura de Quadri. Luévano ha cobrado notoriedad por fomentar el malestar en el Congreso de México, incluido un incidente en el que el presidente de la cámara fue agredido físicamente en medio de llamamientos para expulsar al diputado Quadri de la cámara.
El Tribunal ordenó las siguientes medidas punitivas al diputado Quadri: la obligación de (i) eliminar los tuits, (ii) presentar una disculpa pública redactada por el Tribunal y publicar un resumen de la sentencia en Twitter/X durante 15 días, a dos horas fijas al día, (iii) realizar dos cursos sobre violencia de género y violencia transexual, y (iv) figurar como “sancionado por violencia política por razón de género” en un registro nacional durante dos años y nueve meses.
Agotados todos los recursos internos, ADF Internacional solicitó a la Comisión Interamericana, en diciembre de 2022, que se hiciera justicia para el diputado Quadri. En enero de 2024, más de un año después de la presentación, la Comisión pidió al gobierno de México que respondiera.
El exdiputado mexicano Rodrigo Iván Cortés también fue condenado por “violencia política de género” por publicaciones en redes sociales. Su caso está pendiente ante la Comisión.
El escrutinio internacional de las violaciones de la libertad de expresión en México se produce al mismo tiempo que el Parlamento de Irlanda estudia una ley sin precedentes sobre “incitación al odio”, con una posible pena de prisión de hasta 5 años. Elon Musk se ha comprometido a iniciar y financiar acciones legales en caso de que se apruebe la ley.
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WASHINGTON, DC (27 de marzo de 2024) 11 pastores de Puerta de la Montaña, parte del ministerio cristiano con sede en U.S. Mountain Gateway Order, Inc., han sido condenados por cargos fraudulentos de lavado de dinero después de que reunieron con éxito a cientos de miles de personas para eventos evangelísticos en Nicaragua. Los pastores, encarcelados desde hace más de dos meses y a los que se ha prohibido ponerse en contacto con representantes legales o familiares, han recibido penas de prisión que oscilan entre los 12 y los 15 años, en adición de más de 80 millones de dólares de multa por persona.
Además de prohibírsele a los acusados el reunirse con sus defensores legales o sus familias, a los abogados del caso se les negó el acceso a los expedientes de la acusación y a otra documentación relevante de las imputaciones contra los pastores. Durante el simulacro de juicio, el gobierno no presentó ninguna prueba de la presunta actividad ilícita de la cual procedían los supuestos fondos que se habían «blanqueado».
«Nadie está a salvo de la persecución religiosa en Nicaragua, y es devastador ver los cargos falsos, el juicio y la condena de estos pastores que simplemente estaban compartiendo su fe con los ciudadanos de Nicaragua y sirviéndoles», declaró Kristina Hjelkrem, asesora legal de ADF International. «Nadie debería ser perseguido por su fe, y esperamos que se haga justicia a estos pastores encarcelados injustamente. Todos los que puedan deben denunciar las innumerables injusticias que sufren los ciudadanos de Nicaragua a manos de su gobierno. Ya es hora de que se restablezcan plenamente los derechos humanos del pueblo nicaragüense.»
Tras la condena, Jon Britton Hancock, fundador y presidente de Mountain Gateway, declaró: «Aunque estamos ciertamente consternados por la condena formal de nuestros colegas y amigos en Nicaragua, seguimos firmes en nuestra esperanza de que Dios tiene el control. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia con nuestros amigos en Nicaragua, y les pedimos que se unan a nosotros en la oración por su seguridad y pronta liberación.» Hancock, ciudadano estadounidense, se enteró a través de un comunicado de prensa de las autoridades nicaragüenses de que también se le acusaba de blanqueo de dinero y crimen organizado junto a los 11 pastores. Actualmente se encuentra a salvo en Estados Unidos.
ADF International está apoyando el caso de Mountain Gateway y ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de los condenados fraudulentamente. ADF International ha pedido a la Comisión que exija a Nicaragua garantizar el derecho a la salud, la vida y la integridad física de los pastores durante su estancia en prisión, mientras dure el proceso.
Miembros del Senado de U.S., entre ellos los senadores Rick Scott (R-FL), Ted Cruz (R-TX), Katie Britt (R-AL) y Tommy Tuberville (R-AL), también están abogando en nombre del grupo, pidiendo recientemente a la Administración Biden que «implemente sanciones fuertes y específicas tras las repetidas y crecientes violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua».
Antecedentes
Mountain Gateway Order, Inc. es un grupo de misioneros cristianos de Estados Unidos cuyo objetivo declarado es reclutar, formar, comisionar y enviar ministros cristianos ordenados para difundir el Evangelio.
Mountain Gateway registró legalmente una rama del grupo en Nicaragua como «Puerta de la Montaña» en 2015. Operando legalmente dentro del país, Puerta de la Montaña sirvió a los ciudadanos de Nicaragua a través del discipulado, la instauración de iglesias, alimentando y vistiendo a los necesitados, proporcionando agua, equipos y asistencia para la recuperación durante los desastres naturales, y compartiendo el evangelio de Jesucristo en campañas evangelísticas masivas.
En 2023, con la cooperación del gobierno nicaragüense, Mountain Gateway realizó ocho campañas evangelísticas masivas llamadas «Cruzadas Buenas Nuevas Nicaragua 2023», la que contó con la asistencia de miles de personas. El último de los ocho eventos tuvo lugar el 11 de noviembre de 2023, en Managua.
El lunes 18 de diciembre, la Policía de Nicaragua emitió un comunicado de prensa informando al pueblo nicaragüense sobre la investigación de un delito de lavado de dinero y crimen organizado presuntamente cometido por 11 pastores de Puerta de la Montaña, y tres ciudadanos estadounidenses, utilizando como fachada la organización Puerta de la Montaña. El comunicado de prensa también anunciaba que la policía había detenido a los 11 pastores de Puerta de la Montaña e investigaría a los ciudadanos estadounidenses implicados en la organización.
El 20 de diciembre se canceló arbitrariamente el registro de Puerta de la Montaña como Ministerio en Nicaragua. No se notificó oficialmente a ninguno de los miembros o representantes legales de Puerta de la Montaña o Mountain Gateway. El gobierno nicaragüense anunció la cancelación, junto con otras 9 organizaciones, a través del diario oficial de la República, ya ejecutado el acto. El gobierno también ha confiscado todos los bienes y activos de Puerta de la Montaña.
El 17 de enero de 2024, Puerta de la Montaña tuvo conocimiento de que el Fiscal General de Nicaragua estaba avanzando en la presentación de cargos contra tres ciudadanos estadounidenses asociados con Puerta de la Montaña, alegando lavado de dinero y crimen organizado. Aunque todos los acusados mantuvieron su inocencia, los 11 pastores nicaragüenses permanecieron en prisión.
Mountain Gateway negó públicamente estas acusaciones, habiendo seguido diligentemente todos los requisitos legales en EE.UU. y Nicaragua que se aplican a las organizaciones sin ánimo de lucro y confesionales.
Los pastores de Puerta de la Montaña llevan más de dos meses encarcelados, sin poder ponerse en contacto con sus abogados defensores ni con sus familias. El gobierno ha permitido que se nombren abogados para representar a los pastores nicaragüenses de Puerta de la Montaña, pero no ha facilitado a sus asesores legales ningún documento de acusación ni expediente para preparar adecuadamente una defensa.
El 19 de marzo de 2024 se dictó una sentencia formal condenando a los 11 pastores a 12 o 15 años de prisión y a pagar más de 80 millones de dólares en multas por persona.
La persecución religiosa prevalece en Nicaragua
ADF International también está apoyando la defensa legal del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por predicar sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno nicaragüense. El obispo Álvarez, exiliado de Nicaragua por sus convicciones religiosas, se encuentra ahora a salvo en el Vaticano. A pesar de su liberación, su caso continúa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de lograr justicia para el obispo y sentar un precedente positivo para otras personas que se enfrentan a juicios similares en Nicaragua.
El enjuiciamiento de la parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen y del obispo Pohjola continúa en su cuarto año a pesar de la sentencia judicial unánime de «no culpabilidad».
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CONFIRMADO: El gobierno nicaragüense libera al obispo Álvarez de prisión.
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Räsänen y su equipo legal estarán disponibles para preguntas después del veredicto en una conferencia de prensa organizada por ADF Internacional el 14 de noviembre a las 15:30 CET, (9:30 ET)
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