- La Cámara Constitucional suiza de Ginebra dictamina que la prohibición casi general del culto es desproporcionada
- Suiza se une a Escocia, Chile y varios estados de EE.UU. en la condena de las restricciones extremas a la libertad religiosa debido a la pandemia
GINEBRA (7 de mayo de 2021) – Un tribunal suizo ha sido el último en declarar ilegal una prohibición general de culto relacionada con la COVID-19. La casi prohibición total de servicios y actos religiosos fue suspendida mediante una decisión provisional dictada por la Cámara Constitucional suiza en Ginebra en diciembre y ahora se ha confirmado que constituye una violación del derecho fundamental a la libertad de culto. En su sentencia, el Tribunal razonó que la prohibición era desproporcionada, incluso con sus limitadas exenciones para matrimonios y funerales. Habría sido posible la adopción de medidas menos restrictivas sin dejar de proteger la salud pública.
Samuel Sommaruga, el médico que trabajaba en un pabellón contra la COVID-19 y en cuyo nombre se presentó la demanda, declaró lo siguiente: «Estoy encantado de celebrar hoy esta victoria de la libertad religiosa junto a ADF International. Las restricciones a los derechos fundamentales deben ser siempre proporcionales y demostrar que son realmente necesarias. Dado que otras reuniones públicas seguían estando permitidas, pero no las religiosas, estaba claro que esta restricción era exagerada: se dirigía a los grupos religiosos de forma discriminatoria.»
«Si bien fue crucial atender la salud física y mental de la población de Suiza durante la pandemia, también es esencial atender la salud espiritual. Los tribunales han reconocido ahora que la desproporcionada prohibición de practicar el culto en público constituía una violación de los derechos fundamentales. Estoy muy contento de que esta decisión garantice que las puertas de las iglesias se mantengan abiertas en el futuro en tiempos de crisis, cuando la iglesia es más necesaria», continuó.
El apoyo popular a la libertad religiosa se traduce en una victoria judicial
Comunidades judías y cristianas dieron su apoyo a la demanda contra la prohibición total de servicios y actos religiosos en Ginebra. La normativa formaba parte de las medidas contra la COVID-19 de Ginebra. Prohibía todas las reuniones religiosas, excepto los funerales y las bodas, con un aforo restringido. Aunque los servicios religiosos estaban prohibidos, se permitía la celebración de otras reuniones públicas como manifestaciones y la asistencia a coros profesionales.
«Suiza tiene un excelente historial de protección de la libertad religiosa de sus ciudadanos. Es un ejemplo de democracia y derechos humanos. Precisamente por esto resulta aún más preocupante ver una prohibición semejante de todas las reuniones y actos religiosos de forma tan drástica. Se trata de una de las prohibiciones más estrictas de este tipo en Suiza y en la mayor parte de Europa donde se han impugnado con éxito prohibiciones similares. Su aplicación constituyó una violación del derecho a la libertad religiosa protegido por la Constitución suiza y por las normas internacionales de derechos humanos. Se centraba desproporcionadamente en las actividades de los grupos religiosos en detrimento de las actividades comerciales. Por eso me complace ver que la Cámara Constitucional de Ginebra adopta esta firme postura de protección de este derecho que motivará a las autoridades locales a respetar los derechos de las comunidades religiosas en el futuro», dijo Steve Alder, el abogado ginebrino que presentó el caso ante el Tribunal.
Jennifer Lea, asesora jurídica de ADF International, una organización mundial de derechos humanos con oficinas en Ginebra que apoyó el caso, declaró: «Celebramos esta decisión porque el tribunal ha reconocido lo que las autoridades no hicieron: que la libertad religiosa y de creencias es un derecho humano que debe gozar de la máxima protección. Al declarar ilegal la prohibición, el tribunal contribuye a garantizar que las personas de fe no vuelvan a ver anulados sus derechos de esta manera. Felicitamos al señor Samuel Sommaruga y a todos los demás implicados por haber tenido el valor de llevar adelante este necesario desafío, asegurando así la protección de las iglesias de toda Suiza para el futuro.»
La campaña «Déjennos rezar» de ADF International se centra en Irlanda
A pesar de que las prohibiciones para practicar el culto han sido revocadas en Suiza, Chile y Escocia, el Gobierno irlandés no permitirá que se reanude esta práctica en público hasta el domingo 10 de mayo. ADF International, que apoyó la demanda judicial en Suiza, también está respaldando al empresario Declan Ganley en un recurso legal contra la proporcionalidad de la prohibición irlandesa. Se espera que los tribunales sigan esta tendencia cada vez más extendida de ratificar el derecho fundamental a la libertad religiosa y garantizar que las puertas de las iglesias permanezcan abiertas en el futuro.
«No hay una razón clara de por qué el Gobierno irlandés impidió la apertura de lugares para el culto durante tanto tiempo. Otros países europeos permitieron que la práctica religiosa continuara con precauciones de seguridad que protegen tanto al público de los servicios religiosos como a la comunidad en general. En Escocia y en Suiza vimos las mismas medidas desproporcionadas tachadas de ilegales por el tribunal. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución irlandesa y es vital que el Gobierno irlandés lo reconozca», dijo Lorcán Price, abogado irlandés y asesor jurídico de ADF International.
«Los creyentes irlandeses se vieron privados de practicar su fe, de los sacramentos y de la esperanza que la iglesia puede ofrecer en el momento en que más lo necesitaban: en una época de crisis. El Gobierno irlandés debe demostrar que entiende que el culto comunitario es esencial para muchos irlandeses y comprometerse así a no volver a imponer una prohibición tan draconiana», continuó Price.
A través de la campaña «Déjennos rezar» de ADF International se ha enviado una carta pública al primer ministro irlandés, Micheál Martin TD, en la que se le pide que ratifique el respeto a la libertad religiosa, que reconozca que las iglesias son esenciales para la sociedad y que se comprometa a no volver a prohibir de forma desproporcionada la celebración del culto en público.
